Es habitual clasificar a los distintos tipos de educación en función de la condición de sus titulares o de su régimen administrativo. Surge así la distinción entre educación pública, concertada y privada. Nada que objetar a la claridad y sencillez que esta clasificación aporta, dado que se utilizan criterios explícitos fácilmente verificables. Sin embargo, es más dudoso que nos proporcione una diferenciación significativa si se la considera suficiente y, por añadidura, excluyente. En lo que sigue, se invita a reflexionar y se toma postura por una distinción diferente, construida a partir de la realidad sustantiva de los proyectos educativos. Lo hacemos con la convicción de que, en los tiempos difíciles que vivimos, puede resultar mucho más fructífero definir a la escuela pública a partir de su contenido, por difícil y controvertido que pueda resultar hacerlo. Desde esta perspectiva, recogiendo una herencia argumental y práctica de más de dos décadas, postulamos que los colegios FUHEM son de naturaleza pública, aunque su régimen administrativo sea concertado. En suma, aunque pueda resultar incómodo para unos u otros, guste o no, somos escuela pública concertada. Con todas las exigencias y contradicciones que conlleva.
[box]No somos los únicos en defender esta tesis, como puede comprobarse por algunos materiales que se adjuntan, pero dada la alta sensibilidad de esta toma de postura y el compromiso que conlleva, en este caso es directamente el Comité de Coordinación del Libro Blanco quien asume la autoría del texto principal que se somete a debate: Reflexión sobre el carácter público y concertado del proyecto educativo de FUHEM[/box]
Además se aportan otros textos complementarios:
- Antonio Viñao. Público-privado. Concepciones, malentendidos y estrategias En Cuadernos de Pedagogía, 409, pp.80-83.
- Mariano Fernández Enguita. ¿Es pública la escuela pública?. En Cuadernos de Pedagogía, 284, pp.76-81.
- Resumen de la jornada sobre la «Educación pública y concertada de calidad» (13 de febrero de 2013)
Buenas tardes:
Aunque mi intención inicial era la de asistir al debate, finalmente no he podido y me animo a dejar alguna reflexión en este blog.
Quiero aportar mi granito de arena al debate introduciendo un aspecto que creo que ha sido muy relevante en los últimos años de debate sobre la escuela pública y la concertada: la cuestión sindical.
El hecho de que los sindicatos mayoritarios en la escuela pública sean absolutamente minoritarios dentro de la escuela concertada creo que no ha ayudado mucho a una reflexión serena dentro de los mismos respecto a qué cuestiones defender y qué cuestiones deben ser atacadas desde la acción sindical.
Dentro de las propias organizaciones, los representantes de la escuela concertada nos sentimos poco apoyados por el «aparato» del sindicato ya que hacerlo podía resultar contradictorio con su defensa ideológica de la escuela pública.
Por otra parte son numerosos los comentarios que he oido en nuestros colegios por parte de profesores que han dejado de asistir a manifestaciones por sentir atacados sus puestos de trabajo por los lemas y pancartas que, para defender a la escuela pública, parecían contrarios a la misma existencia de los conciertos.
Evidentemente que esa discusión sobre la existencia de los conciertos es legítima, pero creo que en el momento actual, la discusión en los sindicatos debería centrarse más en la situación de los trabajadores de una y otra red y como ello afecta a la calidad de la educación en nuestro país y mucho menos en el cuestionamiento ideológico de la existencia de la red concertada.
El verdadero ahorro (casi el único ahorro) que supone para la Administración Educativa la existencia de centros concertados se produce por las peores condiciones laborales de los trabajadores de la concertada y porque las familias de la concertada pagan de su bolsillo una parte de la educación de sus hijos que no cubre la Administración con los impuestos de los ciudadanos.
Que se empeoren las condiciones de los trabajadores de ambas redes es lo que pondrá en peligro más que ninguna otra cosa la calidad de la educación en nuestro país.
Un saludo a todos
Jesús Menes. Docente del colegio Montserrat y miembro del Comité de Empresa de FUHEM.
Se me olvidaba, lo que se le roba a la pública se le regala a la concertada. Por eso algunas pancartas dejan las cosas claras.
Entiendo que no se esté de acuerdo con el modelo de financiación, o con el reparto de fondos, es un tema discutible y respeto todas las opiniones, pero eso no justifica que se hable mal a veces de un colectivo que es tan válido como el vuestro. Muchos profes de la pública, antes fueron profes de la concertada. Si ahora son buenos, antes también lo eran, y la calidad de su enseñanza era la misma. Quien quiera adoctrinar podrá hacerlo con y sin oposición.
A muchos nos habría gustado formar parte de la pública, pero en algunas comunidades hace más de 10 años que no se convocan plazas para algunas especialidades, así que gente válida que sería nº1 en una oposición no está en la pública porque no ha podido hacerlo.
En mi colegio concertado estamos desde el más «derechón» hasta el más «izquierdoso», pero la mayoría es gente bastante centrada. En cuanto a lo religioso ocurre lo mismo, se respira mucha más libertad que imposición. Los centros «ultras» son minoría.
¡Vaya sarta de mentiras! Así a bote pronto:
– La escuela concertada es SUBVENCIONADA, por tanto totalmente opuesta a la pública y a la privada.
– La escuela concertada segrega al alumnado y cobra a las familias y, así, al final sólo es una estafa a la sociedad.
– La escuela concertada no existe en el resto de Europa, salvo Malta y de forma minoritaria en Bélgica. Es una rémora como Repsol o Telefónica.
– Los profesores de la concertada son cuasi funcionarios que cobran un salario público sin hacer oposiciones ni demostrar aptitud. Algunos entran por nepotismo y otros por aportaciones de 50.000 euros para ser socios cooperativistas. ¿Cómo se van a comparar con los de la pública? ¿Son compañeros los médicos y los curanderos?
En fin, estos señores buscan su mamandurria.
Hombre, «cuasifuncionarios», salvo cuando les despiden si no hacen bien su trabajo. En mi centro van unos cuantos despidos o «no renovaciones» por no hacer bien el trabajo. Un funcionario puede demostrar que sabe mucho de los temas que le preguntan en una oposición, pero si luego no sabe tratar bien a los alumnos, o no es bueno en su trabajo, no mantiene la disciplina, etc… no se le pone de patitas en la calle. No es justo decir que los profesores de la concertada no demuestran su aptitud. Sería como decir que los trabajadores del Corte Inglés no demuestran su aptitud, o los cocineros del Bulli puede que no sean buenos, porque no pasan una oposición, o los futbolistas de tal o cual equipo (a los que también se subvenciona en parte con fondos publicos: estadios municipales, derechos televisivos que paga rtve, etc.)
Otra cosa: el salario no es el mismo tampoco, ni las condiciones en horas de trabajo.
Además, a nadie le obligan a sacarse una oposición, así que si alguien piensa que es mejor trabajar en la concertada, que trabaje y deje su plaza para otro, faltaría más.
No es comparar médicos con curanderos. Es comparar médicos del Hospital de La Paz (público) con médicos de la Clínica Quirón o de la Ruber.
Las personas que dirigen los centros concertados (salvo excepciones, son minoría (opus y similares), en las que buscan un perfil muy concreto para «adoctrinar») quieren contar con los mejores profesionales, hacen pruebas de selección y no renuevan contratos a quien no demuestra su valía.
He conocido en mi centro a auténticos incompetentes, que de verdad, desde el conocimiento de la profesión, no valían para el trabajo y que fueron despedidos. Tras pasar por varios colegios y no renovar contrato en ninguno (por algo será…) aprobaron unas oposiciones (eran estudiosos e inteligentes, sin duda, pero sin otras cualidades que necesita un educador, tan simples como la escucha, la empatía, la paciencia, la tolerancia,… que no miden en una oposición). Esos inútiles ahora están en la pública, y de ahí no les han echado ni les echarán, aunque se den cuenta tarde de lo inútiles que son.
Sé que la mayoría de gente de la pública es válida y excelente profesional, no lo pongo en duda. Pero me duele que se ponga en duda que los demás también lo seamos,
Para mi fue profundamente edificante tanto las exposiciones como el debate entre los defensores de la escuela pública y los defensores de la parte minoritaria pero existente, de la enseñanza concertada, que desde hace muchos años lleva apostando por una educación concertada pública de calidad. Vuelvo a repetir, desde la humildad de mi experiencia pero sin complejos, que como soy un enamorado de la educación pública llevo a mis hijos a un colegio de la Fuhem donde creo que salvo la titularidad jurídica, si que se practica con hechos la acepción ideológica de enseñanza pública. En este sentido me gustaría que se abriera el debate en la dirección de establecer cauces de comunicación y tender puentes entre estas dos escuelas y ello con mentalidad abierta, actualizando lo que sea necesario para afrontar este tiempo convulso sin renunciar cada uno a sus principios y desde lo que nos une que creo que es mucho. ¿O no nos une que la enseñanza se base en valores con criterios de integración, participación, laicismo y cientificidad? Bajo mi experiencia esto lo recibí como alumno en un colegio de la Fuhem y ahora veo como padre cómo lo reciben mis hijos. Yo seguiré manifestándome por la enseñanza pública como lo hago por la sanidad pública y por lo público en general (soy trabajador público y entiendo lo público como algo de todos, donde todos participamos y donde se fomenta la integración y la disminución de las diferencias sociales) y así contribuir con mi granito de arena a hacer frente a los fuertes ataques que estamos recibiendo, pero de verdad con todos mis respetos, pienso que lo peor que nos puede pasar es que nos presentemos divididos colectivos que tenemos mucho en común. Yo intentaré, en la medida de mis posibilidades, no ponérselo fácil a los enemigos del estado de bienestar y de lo público en general.
Es cierto que los colegios de la FUHEM somos una isla dentro de la enseñanza concertada y quizás un grano de arena dentro de la enseñanza privada en España. Pero la condición de no confesional, la condición de laicidad en mi empresa y la libertad que me ha transmitido, me ha permitido desarrollar mi manera de ver la escuela y la aplicación de teorías y metodologías progresistas, innovadoras, cooperativas, activas.
Tengo que decir que nunca, en bastantes años que llevo como maestro en un centro de la FUHEM, me he sentido coaccionado por impartir el modelo que siento como propio en mi estilo de enseñanza – aprendizaje.
Fíjense ustedes: pertenezco a un Mrp llamado MCEP (Movimiento Cooperativo de Escuela Popular) donde se defiende la pedagogía Freinet, donde desde los primeros años en los que participé trabajando en el taller de 0 a 8 años se incidía en el aprendizaje de la lectura por el método natural dentro del método global… Y casualmente cuando entré en mi centro el grupo de profesores de primaria en el primer ciclo enseñaban así. Un ciclo entero trabajando al unísono. ¡Eso si es enseñar! y además con duración en el tiempo que es cuando se disfrutan y se saca provecho a la enseñanza, no situaciones concretas en meses o en un curso, hablo de periodos largos en el tiempo.
Globalización, trabajo por proyectos, colaboración, el trabajo por la Paz, la ecología, el trabajo con la diversidad, etc., etc., etc. Valores y propuestas internas en el centro, en la metodología sistémica del colegio que se ha ido construyendo por personas que han dejado mucho tiempo y esfuerzo en conseguirlo. El trabajo en este sentido sí es defender la escuela pública.
La participación de las familias redondea nuestro trabajo. Cuando veo a familias enteras colaborar en propuestas de trabajo conjuntas como talleres en los primeros ciclos, obras de teatro para educación infantil, charlas para los más mayores y en las escuelas de padres o en la intersección de disciplinas como las médicas y las educativas mediante artículos diversos y propuestas concretas… Eso sí es defender la escuela pública.
Entremos en la diversidad social y ver como la escuela es fiel reflejo de ello. Basil Bernstein, investigador de Reino Unido. Códigos en el lenguaje: restringido y elaborado. Cada clase social genera un código desde la infancia y la escuela transmite; clases bajas restringido y clases medias elaborado; y aunque existan los mismos cocientes intelectuales, las diferencias en el lenguaje y en el aprendizaje en general son claras en función de la clase social de pertenencia. Es misión de los estados el eliminar estas diferencias pero también los centros que hemos contribuido y contribuimos a ello. De este modo estamos defendiendo la escuela pública. Atáquese a los gobiernos que desmantelan la escuela pública y no se entre en el juego que estos mismos generan por sus propios intereses focalizando la atención en pugnas entre concertada y pública. Nosotros ni queremos ni somos los culpables.
Os felicito por las jornadas de debate. Son muy apropiadas y necesarias en este momento. Es obligado hacer este debate y reflexión sobre la situación actual ante la LOMCE.
Comparto desde el principio a fin el documento de 7 págs que nos adjuntáis.
Este mismo planteamiento lo estamos haciendo constantemente en nuestra Federación de Enseñanza de CC.OO. los que pertenecemos a la Escuela Privada Concertada. No se puede generalizar, homogeneizar, dando a entender que toda la concertada es igual.
Por eso una vez más es urgente que dejemos claro que hay Escuela Concertada que cumple un servicio público y como dice el vuestro documento, pretende ser de calidad.
Incorporamos como comentario un texto enviado por el Área Federal de Educación de Izquierda Unida, en el que se reflexiona sobre algunos aspectos del debate Educación pública/concertada y se concreta su posición programática:
LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y EL FUTURO DE LA ENSEÑANZA PRIVADA CONCERTADA
(Reflexiones desde Izquierda Unida para el debate sobre escuela pública y concertada)
Hay que tener en cuenta:
LA LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL. El artículo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.
El artículo que posibilita la financiación. Artículo 31.
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley.
EL PROGRAMA ELECTORAL DE IU.
Hacia una red única de centros educativos de titularidad y gestión pública (nuestra posición programática sobre los conciertos)
El uso y abuso de los conciertos educativos, cuyas prácticas selectivas del alumnado se han tolerado, cuando no fomentado, han dado lugar a dos redes de centros educativos financiados con dinero público con un alumnado claramente diferenciado. Una, la formada por los centros de titularidad pública, abocados en la práctica a convertirse en una red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población, y otra, la integrada por los centros privados concertados cuyo peso e influencia es cada vez mayor. El resultado está siendo un sistema educativo dual que amenaza la equidad y la cohesión social.
El momento actual es esencialmente preocupante, ya que la privatización de la enseñanza va en aumento, y los gobiernos de muchas Comunidades Autónomas atacan a la educación pública con brutales recortes, mientras apoyan descaradamente a la enseñanza concertada y privada con subvenciones millonarias. Es urgente la puesta en marcha de políticas públicas para revertir este proceso en beneficio de la mayoría. Para ello proponemos:
1. Modificar la normativa necesaria con el objetivo de llegar a suprimir los conciertos educativos, estableciendo su moratoria y abriendo vías para avanzar hacia una red única de centros públicos.
2. Reducción progresiva de los conciertos educativos, mediante la integración voluntaria y negociada de los centros concertados en una red única de centros públicos, incorporando primeramente a los colegios privados que ocupan suelo público
3. Establecer el carácter subsidiario y temporal de los conciertos existentes, suprimiendo el concierto donde hay plazas públicas suficientes.
4. Eliminación de la posibilidad de concertar tramos no obligatorios.
5. Supresión del concierto a centros que no cumplan la normativa o incurran en prácticas de selección o discriminación del alumnado por razones socio-económicas, de sexo, ideología, creencias o procedencia cultural. Articulación de mecanismos de inspección y control sistemático para que cumplan estrictamente los requisitos legales vigentes.
6. Condiciones equivalentes a las de los centros públicos en escolarización, gestión democrática y condiciones laborales del profesorado y otros profesionales de la educación, incluidos su acceso y movilidad.
RECORDAR:
La interpretación que se ha dado del art. 27 desde la aprobación de la LODE (1.985).
Desde la publicación de la LODE, en 1.985, los diferentes gobiernos han interpretado que los poderes públicos garantizaban el derecho a la educación mediante la programación general de la enseñanza con una red de centros de titularidad pública y una red de centros privados concertados.
Aunque el nivel de crecimiento de los centros públicos frente a los concertados ha sido desigual entre unas comunidades y otras sí que podemos asegurar que los centros concertados han ido creciendo en mayor medida que la creación de centros de titularidad pública.
La creación de centros docentes a que hace referencia el punto 5 del artículo 27, no ha sido interpretado en el sentido de crear los centros de titularidad pública en la medida en que aumentasen las necesidades de escolarización, más bien todo lo contrario se ha seguido el criterio del menor coste, lo que ha supuesto que en algunas comunidades se haya cedido incluso terreno público para la construcción de centros privados con la garantía de ser después concertados.
Nuestras enmiendas y aportaciones a las leyes educativas.
Nuestras enmiendas a todas las leyes educativas han ido siempre encaminadas a la defensa un modelo educativo basado siempre en la educación pública como el eje vertebrador del sistema considerando a la educación concertada como subsidiaria y condicionada a las necesidades de escolarización en cada momento.
Nuestra interpretación del art. 27
Nuestra interpretación del artículo 27 en su punto 5 es radicalmente distinta. Entendiendo que por necesidades de escolarización en el año 1.985 hubiese habido que concertar a centros privados, a partir de esa fecha todas las necesidades del aumento de la escolarización deberían haber sido cubiertas por centros públicos de nueva creación. En este sentido la enseñanza concertada no debería haber crecido desde la publicación de la LODE, más bien todo lo contrario, pues en la medida en que se hubiese podido atender al alumnado en los centros públicos debería haber disminuido la presencia de la concertada.
Cuando se dice que los poderes públicos garantizarán el derecho a la educación mediante la programación de la enseñanza y la creación de centros docentes, nosotros entendemos que se refiere a centros docentes de titularidad y gestión pública y nunca de titularidad privada y menos aún de titularidad privada en suelo público.
Esta interpretación nos lleva a dos formas completamente distintas de entender el derecho a la educación.
La primera concede primacía a la enseñanza privada concertada, que es lo que en mayor o menor medida han venido desarrollando los gobiernos tanto del PSOE como del PP. Y supone aceptar la subsidiariedad de la enseñanza de titularidad pública. Si a todo esto añadimos la forma de seleccionar al alumnado dirigiendo hacia la enseñanza pública a aquellos que tienen mayores dificultades de aprendizaje podemos caminar hacia una educación para los privilegiados en los centros concertados y otra para los desfavorecidos y marginados en los centros públicos.
Desde nuestra interpretación apostamos por una enseñanza pública que garantice la igualdad y una enseñanza concertada subsidiaria que esté en función de las necesidades históricas de escolarización y que esté limitada a las zonas donde sea imposible la construcción de centros públicos porque tienen asentamiento histórico los centros privados.
LA GARANTIA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
En una situación en la que Izquierda Unida fuese determinante para el gobierno de este país propondríamos la promulgación de una Ley de medidas para la extensión y mejora de la educación pública, que sirva para recuperar su prestigio y potenciar su papel como eje vertebrador del sistema educativo y garantice el derecho a la educación en los términos que hemos planteado anteriormente.
Dicha Ley garantizaría una red planificada y suficiente de centros de titularidad y gestión pública, que atienda la demanda educativa en sus diferentes etapas y modalidades de enseñanza; y cuente con los recursos y servicios necesarios para hacer efectivo el derecho a aprender con éxito de todo el alumnado, especialmente en las etapas obligatorias, evitando el fracaso escolar y el abandono educativo prematuro.
El suelo público sólo serviría para la creación de los nuevos centros de titularidad y gestión pública y especialmente para la ampliación de la red de escuelas infantiles de titularidad y gestión pública hasta cubrir toda la demanda de escolarización de 0 a 6 años, incidiendo en el ciclo de 0 a 3 años por la gran carencia de plazas públicas suficientes en estos momentos y la importante función social que desempeña.
Así garantizaríamos el derecho a la educación mediante:
– El acondicionamiento y el aprovechamiento máximo de los centros públicos existentes en la actualidad.
– Recuperando para la titularidad y la gestión pública a todos aquellos centros que hayan sido construidos en suelo público.
– Retirando el concierto a los centros que no cumplan los principios de igualdad, de no segregación del alumnado y del conjunto normativas que se regulen para el acceso a los mismos
– Y abriendo la posibilidad de integración en la red de titularidad pública, mediante los acuerdos oportunos, de aquellos centros que lo deseen.
Esto implicaría la moratoria inmediata de los conciertos.
En todos estos centros se establecería un modelo educativo basado en la igualdad, en la gratuidad, en la laicidad, en la superación de las desigualdades sociales y en de calidad entendida como una prioridad política que contribuye a la cohesión social y a la formación de personas más iguales, más libres y más críticas.
Un modelo educativo imprescindible para un nuevo modelo de sociedad y para un nuevo modelo productivo basado en un desarrollo social y ambientalmente sostenible.
EL FUTURO DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA
A la hora de valorar nuestras posiciones programáticas sobre la enseñanza concertada tenemos que tener en cuenta la totalidad de nuestro programa en materia educativa y relacionarlo con el conjunto de nuestro programa de gobierno.
No podemos hablar de la integración de los centros concertados en la red pública sin tener en cuenta las propuestas que hacen posible su financiación: reforma fiscal, lucha contra el fraude, aflorar la economía sumergida o eliminación de los paraísos fiscales.
Tampoco podemos hablar aisladamente de la enseñanza concertada olvidándonos del cuerpo único de enseñantes, de nuestro modelo de formación inicial y permanente, de la gestión y participación democrática en los centros o de nuestros planteamientos sobre la autonomía de los centros, la estabilidad de los equipos docentes y el acceso a los mismos tanto del alumnado como del personal trabajador.
TENIENDO EN CUENTA TODAS ESTAS CONSIDERACIONES CONCLUIRIAMOS:
La aplicación de nuestro programa significaría que los actuales centros privados concertados, con su modelo de gestión privada y jerarquizada, con su adoctrinamiento y en su concepción de obtener dinero público para la obtención de beneficios tanto económicos como ideológicos, tendrían que optar entre su integración en la red de titularidad pública bajo los principios que hemos señalado anteriormente y en las condiciones que reglamentariamente se establezcan o dejarían de recibir financiación pública y su oferta estaría dentro del ámbito estrictamente de lo privado.
Dado que aludo a un texto institucional y supongo que consensuado, la pretensión de este comentario no es tanto enmendar alguna de las afirmaciones que en él se contienen, como contraponer algunos puntos de vista que pueden ayudarnos a encauzar el debate interno en FUHEM. No obstante, es obligado referirse a lo que me parecen afirmaciones imprecisas o incluso muy poco fundamentadas sobre el debate que nos ocupa.
Sin querer ser exhaustivo, sí me parece necesario señalar:
1. Que la pretensión o la interpretación de que sólo se pueda garantizar, desde los poderes públicos, el derecho a la educación a través de la creación de centros de titularidad y gestión pública es, cuando menos, discutible. Se trata, en efecto, de una interpretación. Puede haber otras, como la que nosotros y muchos otros defendemos.
2. Además, habría que pensar si titularidad y gestión deben ser también indisociables. Entiendo que en el texto se cuestiona también la gestión indirecta, no sólo los conciertos educativos. Si es así y se renuncia de forma expresa a cualquier forma de gestión indirecta, sean cuales sean los proyectos en los que se basan, se corre el serio riesgo de favorecer políticas autonómicas en las que las concesiones para gestionar centros se realizan sin valorar la calidad de los proyectos educativos, sino solamente los costes, alentando la entrada de empresas (constructoras, bancos…) y expulsando del conjunto del sistema equipos docentes con trayectoria contrastada e ideas innovadoras.
3. Aunque no cabe extenderse aquí en esta cuestión, convendría también preguntarse si la mera titularidad y la gestión a cargo de entidades de carácter público garantiza por sí sola la verdadera prestación de un servicio público. Además de las perversiones que a menudo acompañan la gestión pública (y sabiendo que tanto para los autores del documento como para nosotros deben ser enfrentadas de forma decidida), es muy importante evaluar si hoy en día estas prestaciones se realizan con la suficiente transparencia, no discriminación, participación democrática de la comunidad educativa y calidad. Hecha esta evaluación, se impone la realización de propuestas novedosas de gestión de lo público que vayan más allá de declaración de intenciones o defensa de intereses corporativos, sean cuales sean. sin esta revisión en profundidad y toma de postura considero que no se está defendiendo de verdad lo «público» como creo que debería hacerse.
4. Introducir en la misma frase «uso» y «abuso» de los conciertos educativos puede llevar a confusión (tal vez esa sea la intención). Naturalmente a nosotros nos gustaría distinguir el «uso» de los conciertos, de los «abusos» que pueden producirse. La selección previa del alumnado y la discriminación y exclusión por motivos diversos son, desde luego, abusos, que ni compartimos, ni deseamos ni tampoco experimentamos en muchos centros concertados, que se someten, en la misma medida que los centros de titularidad pública, a unos procesos de escolarización tremendamente regulados y exigentes.
5. En consecuencia, comparto plenamente los puntos 5 y 6 de la declaración programática en cuanto a los necesarios controles, a los que cabría añadir un mayor control y una mayor transparencia en la utilización de los fondos públicos e incluso de las aportaciones de las familias u otras fuentes de financiación cuando sean necesarias. Sólo añadiría que esta necesidad de control y transparencia debe extenderse también a los centros de titularidad pública.
6. Sin embargo no comparto, aunque pueda entender la preocupación en este sentido, la apuesta por la «subsidiariedad» de unos u otros centros sostenidos con fondos públicos. La defensa de lo público no pasa por establecer qué es subsidiario de qué, sino por consolidar una red de centros que responda a las necesidades de la población escolar con criterios amplios en los que se tengan en cuenta muchas variables: calidad de los proyectos y del profesorado; accesibilidad y no exclusión; transparencia en la gestión educativa y económica y participación de la comunidad.
7. Tal vez sea ocioso recordar aquí, pero no puedo dejar de hacerlo, que los recortes en educación nos han afectado de igual manera, si no más en algún caso, a todos los centros sostenidos con fondos públicos: recortes salariales, recortes en gastos de funcionamiento, recortes en personal de apoyo, refuerzo y orientación o, noticia de hoy mismo, recortes en los conciertos de los Ciclos Formativos.
8. Y, para concluir, aludo también a la conclusión del documento: no sé si en él se considera sinónimo de centro concertado «el modelo de gestión privada y jerarquizada, con su adoctrinamiento y en su concepción de obtener dinero público para la obtención de beneficios tanto económicos como ideológicos». Si se presenta como sinónimo, es un craso error. Si se alude sólo a la posibilidad de que en algunos centros se den estas circunstancias, estaría de acuerdo con la gravedad de que sea ésta la utilización que se hace de los fondos públicos.
Eso es todo por el momento, gracias por estas aportaciones al debate y espero que tengamos la oportunidad de discutirlas en profundidad.
Sólo quiero dejar un breve comentario acerca de la conceptualización de los centros de FUHEM como públicos-concertados. Creo que es un gran error por dos aspectos principales. El primero de ellos es que no cumplen el que es, desde mi punto de vista, el criterio fundamental: la “accesibilidad, entendida como ausencia de todo tipo de barreras, ya sean éstas de tipo económico, social o ideológico”. Y es que para entrar en los Colegios de FUHEM hay que pagar una cuota que, cada vez más gente no puede asumir, y no hablo sólo de las familias del barrio en el que yo desarrollo mi actividad docente, en el Colegio Santa Cristina, hablo también de amigos y amigas de entornos muy diferentes que gustándoles la línea educativa de los centros no tienen acceso a ellos. Por eso creo que para tener ese carácter de “público” deberíamos centrar los esfuerzos en ver cómo disminuir las cuotas (en vez de subirlas).
El segundo aspecto en el que quería hacer hincapié es que en el contexto actual, en el que los compañeros y compañeras de la pública están llevando a cabo una lucha muy digna, muy difícil y muy dura, conceptualizar a los colegios concertados de FUHEM como públicos-concertados no supone apoyar a esa lucha contra de la privatización de los servicios públicos. Nosotros, por los motivos económicos de acceso que exponía antes, no somos un servicio público tal y como lo es la escuela pública.
Puede que haya quien esté de acuerdo con la medida y tal vez otros la consideren un disparate pero,en todo caso, esta noticia se compadece mal con la idea frecuente de que la Administración madrileña «beneficia» de forma recurrente a la enseñanza concertada:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/19/actualidad/1361306728_941087.html
La supresión de los conciertos en los Ciclos Formativos de Grado Superior no sólo agrava el déficit de oferta que los estudiantes vienen padeciendo desde hace años, sino que abocará al desempleo a muchos profesores y profesoras; supondrá el desmantelamiento de muchas instalaciones para las que se han realizado importantes inversiones o, por contra, abocará a las familias que confíen en los Proyectos de los centros afectados a financiar por completo la escolarización de sus hijos e hijas en este tramo de la enseñanza.
Maite del Moral
Tengo la impresión de que lo esencial dentro de este complejo y rico debate acerca de la escuela pública-concertada, debe ser el hecho de compartir o rechazar los tres criterios que se plantean en el documento como definitorios del carácter público de la educación: accesibilidad, entendida como ausencia de todo tipo de barreras, ya sean éstas de tipo económico, social o ideológico; la gestión y funcionamiento transparentes y participativos; la ausencia de ánimo de lucro. Si se produce ese acuerdo, me parece fundamental que seamos capaces de ir a lo esencial , más allá de fórmulas jurídicas o posiciones partidistas.
Todos somos conscientes de que vivimos momentos muy difíciles para la educación en nuestro país. Desgraciadamente, somos más bien pocos los que compartimos un interés de servicio público entendido desde estas coordenadas. Resulta imprescindible, entonces, que seamos capaces de aunar esfuerzos todos aquellos que tenemos una misma concepción de lo que ha de ser la educación en una sociedad libre y democrática. Para ello, hemos de ser capaces de subrayar la importancia tanto de lo sustantivo, como de la realización práctica de los criterios exigidos a la condición de lo público, frente a aspectos jurídicos –formales. Es necesario, también, poder hacer análisis rigurosos, sin ceder a la tentación de caer en fórmulas simplistas, así como que nadie pretenda arrogarse ningún tipo de exclusividad acerca de lo público . Por último, y quizá sea lo más importante, que abandonemos esa tan generalizada actitud de “nosotros” y “los otros” , para poder ser “todos nosotros” los que compartimos un mismo modo de entender la educación y nos unimos en su defensa en un momento tan difícil.
Hola,
en este enlace puede verse el vídeo del debate del Libro Blanco «La Educación Pública y Concertada de calidad»:
El escuchar estas intervenciones sobre escuela pública o privada, supone una bocanada de aire fresco. Gracias a todos los ponentes.
Querría ser portavoz del profesor Carlos Lerena que evidentemente no puede estar presente y que hubiera sido otra aportación muy valiosa. Comenzó la primera clase que me dio, con una idea que recuerdo textualmente.
“En las dicotomías se puede llegar a una discusión entre tontos y locos. Los locos se defienden como locos porque no quieren ser tontos y los tontos se defienden como tontos porque no quieren ser locos.
Cuidado con los tontos de la bata blanca que hacen un burdo empirismo de la educación en términos de adaptación al medio.”
Y sobre adaptación al medio, me viene a la memoria otra cita.
“No es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma”.
Krishnamurti.
Como cada vez hay más voces que dicen que la mente humana es incapaz de registrar la negación, lo diré en positivo: Es saludable estar en conflicto con una sociedad profundamente enferma.
Estoy totalmente de acuerdo con la idea de anticiparnos. Seguimos discutiendo sobre escuela pública y privada pero cada vez tiene más fuerza el movimiento de “vivir sin escuela”.
Anticipémonos y tomemos de este movimiento lo que nos pueda enriquecer.
E NERGÍA
D EDICACIÓN
U NIÓN
C ORAZÓN
A MOR ES LA
C RECIMIENTO
I LUSIÓN EDUCACIÓN
O CASIÓN
Y
N ECESIDAD
Felicidades por este espacio de reflexión y de puesta en común.
Creo que la sociedad se merece tener diversos modelos de educación para poder decidir cuál es la educación que queremos para nuestros hijos.
En mi caso, empecé como alumna en Loyola (antiguo centro de Fuhem) y ahora soy profesora en el centro Montserrat. Para mi la experiencia de conocer , aprender y ahora, la manera de enseñar en los colegios de FUHEM han sido posiblemente las etapas más gratificante de mi andadura formativa y profesional, sintiendo siempre que el alumno es lo más importante en nuestro proyecto.
Nosotros tenemos una mezcla de la enseñanza privada, concertada y pública porque tenemos de todas ellas la intención y la prioridad de proporcionar una enseñanza de calidad. Las nuestras son unas escuelas capaces de dar respuesta a la diversidad de los alumnos, conciliando calidad con equidad y garantizando la igualdad de oportunidades.
Asumimos cada día una enorme responsabilidad en nuestro trabajo pero desde la convicción que proporciona un proyecto educativo que tiene un misión transformadora al intentar construir una sociedad más justa y solidaria.